El Gobierno ha acordado disolver la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), que arroja unas pérdidas acumuladas de más de 45 millones de euros.
Se dice que el impacto real de este organismo, que se creó en 2005, y su intermediación en el mercado de la vivienda se ha acreditado «bastante insuficiente e incluso ineficiente».
